Molino Cañuelas S.A., la empresa fabricante de los bizcochos 9 de Oro, afirma que “el campo de 7.407 hectáreas ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Salta fue adquirido en el año 2007”. Casualmente, ese año un millón y medio de argentinos reclamamos al Congreso Nacional que sancionara una ley que declare la emergencia forestal y frene los desmontes indiscriminados. Y lo conseguimos.
La empresa afirma que respeta “estrictamente lo establecido por la Ley Nacional de Bosques y normas provinciales complementarias”. Cabe advertir que la finca fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo, donde según el artículo 14 de la normativa nacional “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos”. A pesar de esto, el gobierno de Salta autorizó, a pedido de sus dueños, el cambio de zonificación de gran parte de la estancia para poder realizar el desmonte de 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica una clara violación a la Ley de Bosques y sus objetivos. Además, las normativas ambientales no deben ser modificadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad; lo cual está establecido en forma clara en la Ley General del Ambiente y por el Congreso Mundial de la Naturaleza. Una empresa o una persona no pueden decidir ajustarse a la norma más flexible para poder arrasar con las topadoras donde claramente no está permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacional y está por encima de cualquier reglamentación provincial. Y hay que respetarla.
La empresa se autoincrimina al plantear que «sólo» desmontara «el 50% de la finca». El desmonte es un verdadero crimen ambiental y nadie que lo haga puede considerar seriamente que tiene “un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente”. Además, la deforestación de la misma afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, algo que también viola la normativa forestal nacional.
Frente a esta preocupante situación, que claramente viola la Ley de Bosques, exigimos la inmediata cancelación de los permisos otorgados ilegalmente por el gobierno de Salta y el respeto por la zonificación originalmente asignada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.