El Gobierno nacional está decidido a impulsar la denominada Ley de Góndolas a pesar del rechazo de las cámaras que agrupan a compañías alimenticias y supermercados, con excepción de la cadena mayorista Maxiconsumo.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y establece que para cada categoría de productos, ninguna marca individual -o marcas de una misma empresa o grupo económico- podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% a partir del segundo año.
Establece además un mínimo de cinco proveedores por producto. Aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listados de productos incluidos que se elaboraría en caso de que el proyecto se transforme en ley.
Espacio para pymes
Los establecimientos alcanzados deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
¿Quienes están alcanzados por la regulación?
Las normas sobre exposición en góndolas se aplican sobre un universo muy acotado de comercios, los más grandes. Pesa solamente sobre “supermercados y supermercados totales o hipermercados”, que cuenten con más de 50 bocas de expendio en el país. Tal como está delimitado, ese universo comprende a 13 empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden en torno al 26% de la cadena comercial del país. Los kioscos y despensas no están alcanzados.
CAME, a favor
A través de un comunicado, CAME expresó su apoyo al proyecto y señaló los puntos a incluir en la futura reglamentación para acentuar la proyección de las PymeS proveedoras de los supermercados:
1) “Espacio MiPyme”: del 25% previsto en la ley, CAME solicita establecer un mínimo de 3 empresas proveedoras por categoría.
2) Marcas blancas: se propone explicitar que las marcas fabricadas “por cuenta y orden” de los supermercados (marcas blancas), no computen para la ocupación del espacio reservado para MiPymes, aunque la fabricación la haya realizado una pequeña o mediana empresa.
3) Plazos: se solicita que el plazo de 60 días previsto para el pago a Pymes implique la acreditación efectiva de los valores en ese momento y no la entrega de un instrumento de pago diferido que aplace dicho período.
4) Esquemas logísticos flexibles y adecuados para las Pymes a fin de evitar condicionamientos por parte de los supermercados.
Asimismo, CAME rechazó las acusaciones de que la ley no pueda implementarse.