Farmacéuticos presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) un pedido para que sea declarado «inconstitucional» el decreto que veta la adhesión de la Ciudad a la ley nacional que prohíbe la venta de medicamentos en kioscos, góndolas de supermercados y bares.
El planteo estuvo a cargo de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) tras advertir que el decreto 670 no contó con la firma del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, como lo estipula la Constitución local, por lo cual plantearon sus dudas en torno al respaldo político del funcionario a la medida del Ejecutivo.
La decisión del Ejecutivo, emitida el 15 de diciembre, recayó sobre la ley 4015, que adhiere a una norma nacional vigente en todo el país, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires.
El texto establece que sólo las farmacias podrán dispensar medicamentos, incluidos los denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas; en tanto que impide la venta de remedios en kioscos, bares o por exhibición en góndolas.
Asimismo, legisladores de la oposición respaldaron el planteo ante el TSJ y consideraron que no fue casual la ausencia de la rúbrica de Lemus en el decreto, al tiempo que confirmaron que en febrero próximo, cuando se retome la actividad parlamentaria, insistirán con la iniciativa.
«El ministro de Salud es conciente que había que dejar progresar esta ley en la Ciudad que adhiere a una de rango superior», analizó, en declaraciones a Télam, el diputado Rubén Campos, co-autor del texto vetado.
El legislador evaluó que la presentación de la COFA «es acertada» y remarcó que el veto del Ejecutivo representó «una vulneración a la Constitución de la Ciudad porque no protege el derecho a la salud».
Por su parte, el legislador y médico Jorge Selser señaló que «si el decreto no tiene la firma de Lemus es porque el ministro no estaba de acuerdo, porque nadie del ámbito médico puede apoyar que se vendan medicamentos al lado de chocolates».
«Es lamentable que un jefe de Gobierno no comprenda que no se pueden vender juntos ese tipo de productos», acotó.
Por su parte, los farmacéuticos señalaron que como el veto no llevó el aval del titular de la cartera de salud «es violatorio de los artículos 100 y 101 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de varios artículos de la ley de Ministerios, y por ende debe ser declarado inválido».
Puntualmente, detallaron que el artículo 101 de la Constitución local establece que «cada ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia y refrenda y legaliza los actos del jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual carecen de validez”.
Asimismo, destacaron la ley de Ministerios sostiene el funcionario debe “regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los servicios atinentes a los medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, y todo otro aspecto que incida en la salud”.
«No pudo convencer a la Legislatura, ni pudo convencer a su ministro, entonces intentó el engaño de vetar sin las formas que requiere la Constitución», dijo y añadió que el planteo ante el máximo tribunal fue «para que declare la inconstitucionalidad y, como lógica consecuencia, que la ley de adhesión quede promulgada de hecho».